Ya hay 343 denun­cias ante Inde­copi por lími­tes a ter­ce­ri­za­ción

Deman­das son con­tra el Minis­te­rio de Tra­bajo y la Supe­rin­ten­den­cia de Fis­ca­li­za­ción Labo­ral.

El Decreto Supremo 0012022-TR, el cual res­trin­gió la ter­ce­ri­za­ción labo­ral, al prohi­bir su uso para cubrir pues­tos “nuclea­res” y com­ple­men­ta­rios, es la norma labo­ral con­tra la cual se han inter­puesto más accio­nes lega­les en los 201 años de his­to­ria del país, exis­tiendo más de 800 accio­nes lega­les en su con­tra.

De acuerdo con el Inde­copi, al 8 del pre­sente mes ya exis­tía un total de 343 denun­cias por barrera buro­crá­tica ile­gal con­tra la norma y, adi­cio­nal­mente, la Comi­sión de Eli­mi­na­ción de Barre­ras Buro­crá­ti­cas viene reci­biendo dia­ria­mente nue­vas denun­cias sobre el tema.

Cabe recor­dar, que el Inde­copi ya declaró, den­tro del expe­diente 0289-2022/CEB, en pri­mera ins­tan­cia, que la norma es una barrera buro­crá­tica ile­gal, lo cual ten­dría apli­ca­ción gene­ral (Ges­tión 24.08.2022).

Sin embargo, la reso­lu­ción aún puede ser ape­lada por el Minis­te­rio de Tra­bajo y Pro­mo­ción del Empleo (MTPE), según indicó la enti­dad en un comu­ni­cado, donde señaló que el plazo para hacerlo es de 15 días hábi­les.

En la actua­li­dad no se conoce si el MTPE ya apeló dicha reso­lu­ción.

Poder Judi­cial

Por otro lado, exis­ten alre­de­dor de 500 deman­das ante el Poder Judi­cial que bus­can lograr la ina­pli­ca­ción de la norma, sin con­tar las accio­nes popu­la­res inter­pues­tas que bus­can dero­gar el decreto en su tota­li­dad.

Ello, pese a que, según el minis­tro de Tra­bajo, Ale­jan­dro Salas, solo exis­ten 150 accio­nes judi­cia­les inter­pues­tas a la fecha, según lo deta­llado en el Con­greso la semana pasada.

Jorge Toyama, socio del estu­dio Vina­tea & Toyama, señala que “segu­ra­mente el minis­tro se refiere a las medi­das cau­te­la­res de ina­pli­ca­ción de la norma”.

Según aclara Toyama, el decreto supremo aún per­sis­tirá por varios meses hasta que se dero­gue en última ins­tan­cia.

Preo­cu­pa­ción

Ceci­lia Guz­mán-barrón, socia del estu­dio DLA Piper, indica que se está viendo un com­bate a la norma de manera “indi­vi­dual”, pero que ello no está siendo aco­gido por las auto­ri­da­des.

“Hasta ahora no se pone a debate en el pleno el pro­yecto de ley que pro­po­nía dero­gar el Decreto Supremo 001-2022. Parece que no hay volun­tad de cam­bio y creo que es por­que no se aplica en el sec­tor público y no afecta al con­gre­sista ni a la pobla­ción que se le acerca”, indica Guz­mán-barrón.

La abo­gada agrega que a pesar de que existe un número de empre­sas con medi­das cau­te­la­res a su favor, ello no nece­sa­ria­mente las pro­tege frente a las fis­ca­li­za­cio­nes de la Suna­fil.

“Hemos visto en el pasado que la Suna­fil señala que, pese a que existe un pro­ceso en mar­cha sobre un tema espe­cí­fico, ellos pue­den seguir fis­ca­li­zando e ini­ciando pro­ce­di­mien­tos en con­tra de las empre­sas”, indica al res­pecto.

Al res­pecto, el minis­tro Salas ya indicó que se ha creado un nuevo equipo espe­cia­li­zado en la Suna­fil para fis­ca­li­zar la ter­ce­ri­za­ción labo­ral, el cual empe­zará a rea­li­zar ins­pec­cio­nes a la bre­ve­dad.

Salas ade­más viene men­cio­nando que el Inde­copi no puede inter­fe­rir con nor­mas de carác­ter labo­ral, pues no son de su com­pe­ten­cia, por lo que queda ver si harán caso o no a las reso­lu­cio­nes de la enti­dad.