UIF busca regu­lar a empre­sas que ofre­cen crip­to­mo­ne­das

El obje­tivo es obli­gar­las a que repor­ten ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas, ante el riesgo de que los acti­vos vir­tua­les se usen para lavar dinero o finan­ciar el terro­rismo.

Poten­cial­mente, los acti­vos vir­tua­les, entre las que se encuen­tran las crip­to­mo­ne­das, pue­den ser uti­li­za­dos para el lavado de acti­vos y el finan­cia­miento del terro­rismo en el Perú, advierte un reciente estu­dio de la Supe­rin­ten­den­cia de Banca, Segu­ros y AFP (SBS).

Su natu­ra­leza anó­nima, su velo­ci­dad y dis­po­ni­bi­li­dad glo­bal, las regu­la­cio­nes glo­ba­les limi­ta­das y frag­men­ta­das, la desa­gre­ga­ción de inter­me­dia­rios finan­cie­ros y la posi­bi­li­dad de ocul­tar la iden­ti­dad de sus ver­da­de­ros pro­pie­ta­rios hacen de los acti­vos vir­tua­les atrac­ti­vos para los cri­mi­na­les, señala el informe.

Asi­mismo, la can­ti­dad de tran­sac­cio­nes de crip­to­mo­ne­das en el país ha cre­cido de forma impor­tante. Es por ello que la Uni­dad de Inte­li­gen­cia Finan­ciera (UIF), enti­dad ads­crita a la SBS, con­si­dera que es nece­sa­rio que se regu­len las acti­vi­da­des rela­cio­na­das con los crip­toac­ti­vos.

El supe­rin­ten­dente adjunto de La UIF, Ser­gio Espi­nosa, reveló que ya se ha enviado al Minis­te­rio de Jus­ti­cia un pro­yecto de decreto supremo para incor­po­rar a las empre­sas pro­vee­do­ras de acti­vos vir­tua­les como suje­tos obli­ga­dos a repor­tar las ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas de lavado que iden­ti­fi­quen.

“Eso no nece­sita de una ley, requiere de un decreto supremo del minis­te­rio, que es una modi­fi­ca­ción al regla­mento de la ley de la UIF. El pro­yecto ya lo hemos pre­sen­tado el año pasado”, refi­rió.

Pri­mer paso en la regu­la­ción

Espi­nosa ase­guró que ya se dio el pri­mer paso en el camino para que los pro­vee­do­res de crip­toac­ti­vos se con­vier­tan en suje­tos obli­ga­dos a repor­tar como ya lo son hoy ban­cos, nota­rios, casas de cam­bio y muchos otros nego­cios.

“Esta­mos a la espera para entrar a la super­vi­sión efec­tiva”, aña­dió el fun­cio­na­rio durante un taller para perio­dis­tas en el marco de la Semana de Pre­ven­ción del Lavado de Acti­vos 2022, orga­ni­zada por la SBS.

Sin embargo, deta­lló que hay hasta dos temas adi­cio­na­les por resol­ver. Uno es quién será el res­pon­sa­ble de la super­vi­sión de estas empre­sas. “Segu­ra­mente la hará la UIF”, estimó.

Y el segundo tema es qué quiere hacer el Perú con los acti­vos y mone­das vir­tua­les. “Tene­mos los ejem­plos desde El Sal­va­dor, que reco­noce al bit­coin como moneda, hasta Boli­via, que prohíbe el uso de mone­das vir­tua­les”, dijo Espi­nosa.

Opinó que prohi­bir­las no sería una opción. “No se puede prohi­bir la rea­li­dad, lo que se puede hacer es regu­larse”, aña­dió.

Obli­ga­cio­nes que cum­plir

Lju­bica Voda­no­vic, socia de Voda­no­vic Legal, comentó a

Ges­tión que el pri­mer paso en la regu­la­ción de los crip­toac­ti­vos en Perú será en mate­ria de pre­ven­ción de lavado. “Esa es una deci­sión que hemos tomado como país y que sigue los están­da­res inter­na­cio­na­les dic­ta­dos por el GAFI (Grupo de Acción Finan­ciera)”, sos­tuvo.

Explicó que la regu­la­ción que se ha optado por tener sig­ni­fi­cará que todas las pla­ta­for­mas que comer­cia­li­cen crip­toac­ti­vos o crip­to­mo­ne­das ten­drán que ins­cri­birse en un regis­tro que estará a cargo de la UIF, anotó.